24-12-2016 | JUDICIALES | OTRAS QUEDARON LIBRE
Quedó tras las rejas la principal acusada por las licencias falsas
Se trata de la secretaria del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, considerada jefa de una asociación ilícita. Los abogados defensores cuestionaron la figura legal utilizada por la fiscalía.
El juez de la Investigación Penal Preparatoria, Jorge Pegassano, dictó anoche la prisión preventiva para María de los Milagros Mosset, acusada de liderar una organización delictiva dedicada a truchar licencias y reemplazos docentes en el sistema informático del Ministerio de Educación de la provincia. La mujer de 48 años, que se desempeñaba como secretaria del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, fue detenida el lunes de esta semana junto a otras tres personas, las que ayer recuperaron la libertad.
Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí acusaron a Mosset como “jefa y organizadora de la asociación ilícita que consumó 274 defraudaciones y realizó otras 100 en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública provincial”, según informó la oficina de prensa del MPA.
La figura penal alcanzó al resto de las coimputadas, Alejandra Carolina Andino, Ana María Rodríguez y Marianella Teresa Sánchez a quienes se le atribuyó el rol de “organizadoras”. Las tres prestaron declaración en sede judicial y señalaron a Mosset como la única responsable; además se mostraron dispuestas a colaborar con la investigación fiscal.
A raíz de dicha postura -que incluso fue autoincriminadora en uno de los casos-, los abogados defensores solicitaron el cese de la prisión y propusieron medidas alternativas para las imputadas. El planteo formulado por los abogados Lidia Hediger y Lissete Fabra -por Andino-, Javier Bura Peralta -por Rodríguez-, y Diego Danelone y Alejandra Bettio -por Sánchez-, contó con la aprobación del Ministerio Público de la Acusación, y por ende el magistrado ordenó la libertad de las tres mujeres.
“Las tres mujeres que quedaron en libertad declararon en las audiencias. Si bien tenían algunas diferencias las versiones que ofrecieron, brindaron información que será puesta a consideración en la investigación”, señalaron los fiscales. En tal sentido, agregaron que “a diferencia de la mujer que quedó detenida, los datos aportados por estas tres mujeres son considerados como una colaboración para la investigación”.
Por tal motivo, la fiscalía se opuso a la soltura de Mosset, reclamada por los abogados del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Javier Casco y Gustavo Durando. La dupla técnica cuestionó la figura legal atribuida a su representada. “Dijimos que no se configuraba la asociación ilícita, sino un posible fraude a la administración pública” y “consideramos que no había riesgo procesales” para dejarla detenida, sostuvo el Dr. Casco.
No obstante, la resolución judicial adversa, los defensores públicos aguardan los fundamentos por escrito del juez Pegassano, a partir de los cuales podrían recurrir en apelación a la Cámara. Mientras tanto, la secretaria Mosset permanecerá alojada en la Estación Tránsito de Mujeres, indicaron fuentes del caso.
“Valoramos la decisión del magistrado”, señalaron Apullán y Martí. “Entendemos que el patrimonio del Estado debe ser protegido, sin importar si el perjuicio es de 1 peso, de 10 millones o de casi 137 mil como en este caso”, sostuvieron los fiscales una vez finalizada la audiencia en el subsuelo de tribunales.
La investigación comenzó con una denuncia de la ministra de Educación, Claudia Balagué, el 19 de mayo ante el Ministerio Público de la Acusación. La maniobra, consistente en cargar en el sistema informático que utiliza el ministerio de Educación denominado Sarh horas cátedra de reemplazo que eran irreales o falsas, se venía desarrollando desde mediados de 2015 en el sistema de educación pública, pero se estima que desde mucho antes en el privado. El ingreso de la información al sistema se llevaba a cabo utilizando el usuario y contraseña de las escuelas afectadas y de los destinatarios del dinero.
Según estimaciones oficiales, sobre el período investigado, el monto del perjuicio al erario público es de 136.755,82 pesos. Los fiscales precisaron que “estas personas habían descubierto una “vulnerabilidad” del sistema que les permitió conseguir que la cartera educativa provincial abonara los respectivos rubros por reemplazo falsos en las cuentas sueldo de cada uno de los beneficiarios”.
“No es una banda”
El abogado Javier Bura Peralta, a cargo de la defensa privada de la imputada Rodríguez, sostuvo que “se está nucleando a las imputadas como una banda o una asociación ilícita como el concepto técnico lo indica”. “Partiendo de esa base se sacan conclusiones erróneas” sostuvo el letrado, porque “en realidad ésos son los alegatos del fiscal” en una etapa incipiente de la investigación.
Para el abogado “una cosa es la asociación ilícita para cometer delitos y otras son las defraudaciones reiteradas al Estado”, esta última figura penal es la que pretenden hacer prevalecer por sobre la primera, cuya pena es más gravosa. “Son cosas distintas”, refirió Bura Peralta.
A propósito del rol que le cupo a su defendida, el abogado contó que en la audiencia de anoche “mi clienta reconoció en un momento haber recibido en su cuenta bancaria cierto monto por reemplazos no hechos” pero que “no tomó dimensión del asunto”, al menos hasta que “la señora Mosset, abusando de sus datos personales, comienza a inscribirla en cualquier clase de concurso”.
También explicó que “había una relación de conocimiento entre las distintas coimputadas”, en el caso de su clienta “una relación de parentesco anterior -eran cuñadas- y una relación de trabajo”, pero que “llegó un momento en que (Rodríguez) le pidió (a Mosset) que no la llame más”.
Imputados en libertad
Este miércoles, los fiscales Apullán y Martí imputaron a dos hombres y ocho mujeres, considerados miembros de una asociación ilícita y defraudación al Estado provincial. Las diez audiencias se celebraron en fiscalía, con los investigados en estado de libertad, informó la oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación.
Las diez personas están acusadas de haber defraudado al Estado “a través de la carga de horas cátedra irreales o falsas en el sistema informático del Ministerio de Educación, para luego cobrarlas”.
El organismo oficial informó que “las imputaciones realizadas fueron iguales para las 10 personas: ser miembros de una asociación ilícita que consumó 274 defraudaciones y realizó otras 100 que quedaron en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública. Ambos delitos (asociación ilícita y defraudación) fueron imputados en concurso real”.
Fuente: SM – El Litoral
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