Procesaron por las fotomultas al intendente de Calchaquí

16-12-2016 | JUDICIALES | CALCHAQUI
Procesaron por las fotomultas al intendente de Calchaquí

imagen ilustrativa

La Justicia dictó el procesamiento para el intendente de la ciudad de Calchaquí y otras cuatro personas, acusadas de haber montado un sistema ilegal de fotomultas sobre la Ruta Nacional Nº 11, por la cual se recaudaron importantes sumas de dinero cuyo destino no fue precisamente las arcas municipales.

La causa, que comenzó a mediados de 2011 con la denuncia del entonces defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, ante el Juzgado de Instrucción de Vera, cierra hoy una etapa con los procesamientos por el delito de “exacciones ilegales reiteradas en número indeterminado de veces” que alcanza al intendente Rubén Oscar Cuello; el secretario municipal Fabricio Gabriel Ocampo; al juez de Faltas de esa ciudad, Manuel Eugenio Valiente y su secretario Sergio Catán, todos ellos considerados coautores.

También al empresario, Carlos Fernando Albamonte, miembro de la firma Distribuidora Sertran SA (fabricante y distribuidor de dispositivo para captura de imágenes), considerado “partícipe necesario” del delito antes mencionado. Además, se trabó un embargo de $ 100.000 para cada uno de los procesados.

Sobreseimientos

La resolución judicial, adoptada el pasado 7 de diciembre por el juez penal de Reconquista, Jorge Galbusera, y comunicada hoy a El Litoral por la Oficina de Prensa de la Corte, desestimó los cargos por “asociación ilícita” contra el imputado Ocampo; y dictó el sobreseimiento definitivo para cuatro inspectores de tránsito y la secretaria administrativa del juzgado de Faltas. “Actuaron en cumplimiento de sus funciones laborales y no tenían la obligación de evaluar las condiciones legales en que se efectivizaban infracciones”, reconoció el magistrado.

Para la Justicia, la municipalidad de Calchaquí nunca estuvo autorizada para el cobro de multas por el sistema de cámaras que se montó a partir de 2008 y que funcionó de manera ininterrumpida durante tres años. Al pedido de la Defensoría del Pueblo se sumaron las notas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial informando de la irregularidad. Sin embargo, los pedidos formales para que cese el funcionamiento y retiren los equipos fueron desoídos, al menos hasta la intervención judicial, que derivó en la confiscación de los equipos y los allanamientos en oficinas públicas y empresas privadas de otras jurisdicciones.

Cuenta corriente

Cientos de víctimas de todo el país cayeron en la trampa que implicaba el pago en concepto de multa por circular con luces bajas apagadas o por cruzar el semáforo en rojo. Las boletas iban desde los 300 a los 1.200 pesos y más, los cuales iban a parar en un 30% al municipio y el 70% restante para la empresa concesionaria del servicio, según estableció la ordenanza respectiva.

Sin embargo, producto de la investigación surge una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA, de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000 con “destino incierto”, según consta en el expediente.

“De lo actuado hasta aquí queda claro, que los mencionados han ejecutado o realizados actos que permitieron la consumación de los hechos atribuidos”, indicó Galbusera en su pronunciamiento. Allí, consta que las autoridades tenían “conocimiento de que la maniobra desplegada para constatar infracciones” estaba viciada puesto que se realizaba con un “aparato que no contaba con la autorización legal”, pero igualmente permitía la “intimación y cobro de una multa”.

Fuente: SM – Infovera