Organizaciones ambientales reclamaron la suspensión de la caza menor en Argentina

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Organizaciones ambientalistas de todo el país elevaron una nota al Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna (ECIF), para que se prohiba las cazas menores en todo el país. La iniciativa surge por el fallo de la justicia entrerriana de suspender la matanza de aves autóctonas.

"Todo la fauna nuestra está protegida y no s epuede cazar, salvo algunas especies que se habilitan por temporada. Este pedido está firmado por muchas instituciones del país. Faltan estudios de impacto en la biodiversidad, en la poblaciones, en la contaminación. Muchas de estas habilitaciones son al azar. No hay control, hay corrupción, no se respetan las cantidades ni las especies. Hay algo que suma, que es la sequía enorme que hace años estamos sufriendo", apuntó para Cadena OH!, Juan Mastropaolo, guardafauna honorario.

Entre las 17 ONG firmantes se encuentran el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM), quienes promovieron la citada demanda en Entre Ríos. Acompañan reconocidas entidades como Fundación Azara, Custodios del Territorio(Santa Fe), la Asociación para la Conservación de Estudio de la Naturaleza (ACEN), Fundación Cullunche (Mendoza), Fundación EOS Naturaleza y Patrimonio, Capibara(Santa Fe), Grupo Gekko(Universidad del Sur), Ecoguay, Ayuda Animal de Concepción del Uruguay, Aves Gualeguaychú, Luz del Ibirá y Fundavida.

"En plena isla, se alquila un sector, la cierran y se producen cazas. Llega extranjeros para hacer eso. Hay una fundación, que se llama Custodios del Territorio, que hicieron análisis en grandes, chicos, en plumas de aves… Y hay una contaminación enorme de plomo. Todos los años quedan en nuestra naturaleza 13 toneladas de plomo producto de la cacería indiscriminada. Las matanzas son de 1.500 tiros por día", explicó el entrevistado.

Entre las numerosas falencias observadas en la misiva se detalla la carencia de un registro nacional de cazadores, la “determinación azarosa y arbitraria de cupos de caza” y la “escasa o nula capacidad de fiscalización y control” que tienen las provincias.

"No hay controles, se da permisos pero no se sabe cuántos son. Se cobra hasta 1.500 dólares por día. Como en Europa está prohibida esta práctica, vienen a sacarse las ganas acá. San Javier y Vera es donde más gente viene a cazar. Nosotros quisimos suspederlo, pero no lo logramos. Están diezmando las poblaciones de nuestra fauna autóctonas sin controles", dijo por último.