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La mano de Justicia Legítima en el juicio AMIA II

Alejandra Gils Carbó (Foto: Martín Rosenzveig)

En la audiencia del pasado 18 de septiembre en el juicio oral por la denominada causa AMIA II en el que los imputados están acusados del presunto encubrimiento de la investigación, el Presidente del tribunal anunció que el 26 de octubre comenzarían los alegatos. En ese momento, Rodrigo Borda, abogado de una de las querellas pidió que sea la fiscalía la que comience a alegar y manifestó que así lo habían hablado previamente los querellantes con los fiscales. No hubo oposición de las querellas al pedido de Borda, en cambio sí se expresó en contra la defensa de uno de los imputados ya que el Código Procesal Penal establece expresamente que deben comenzar las querellas con el alegato.

Lo que parecía una jugada "inocente" analizada a la luz de los hechos ocurridos con posterioridad permite llegar a otra conclusión. Los alegatos comenzaron el 26 de octubre y cuatro días después la Procuradora General de la Nación y jefa de Justicia Legítima presentó su renuncia.

Si no se hubiera cambiado el orden para alegar -desconociendo lo que establece el Código- la fiscalía recién podría haber comenzado sus alegatos en marzo o abril, con otro escenario y con Gils Carbó ya fuera de la Procuración sin poder controlar a sus fiscales. ¿Las querellas y los fiscales sabían que la Procuradora iba a renunciar y por eso pidieron cambiar el orden para alegar contrariando lo que establece la norma procesal? Gils Carbó se garantizó de esta manera que la fiscalía diga en el juicio lo que ella quería, con su protección. Si no se hubiera adelantado el orden, la fiscalía recién comenzaría alegar en marzo o abril con otro Procurador y la línea argumental de los alegatos podría ser otra.

Esto se puede entender aún más conociendo quiénes integran la fiscalía y las querellas. El coordinador de los fiscales es Juan Patricio Murray, de Justicia Legítima, militante del movimiento Evita -grupo liderado por Emilio Pérsico- y cercano al CELS que dirige Horacio Verbitsky. Pérsico, de conocida trayectoria antisemita fue funcionario kirchnerista, participó de varios actos en contra del Estado de Israel y visitó en más de una oportunidad la embajada de Irán. De los fiscales designados por Gils Carbó para llevar adelante la acusación en el juicio varios son simpatizantes de Justicia Legítima, uno fue traído del Chaco, otro de la ciudad de Reconquista y otro no es fiscal sino secretario de un juzgado federal, nombrado por la Procuradora ad hoc, un polémico mecanismo alejado de lo que dice la ley sobre cómo deben designarse los representantes del Ministerio Público.

En esta causa pasaron por la querella que representa al Estado, Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y ex subsecretario de Justicia durante el kirchnerismo y Elisabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala y ex candidata de Unidad Ciudadana. Además son letrados de las querellas Alejandro Rua -defensor de Héctor Timerman y Cristina Kirchner y que supo trabajar a las órdenes de Nilda Garré- y Rodrigo Borda, ambos vinculados al CELS de Verbitsky.

Es así que fiscalía y parte de las querellas formaron un sólido bloque con una finalidad que empieza a dibujarse con claridad: desligar a Irán del atentado y arremeter fundamentalmente contra los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; y el juez Juan José Galeano que investigaron y establecieron la responsabilidad de los iraníes en el ataque terrorista. Sobre el interés de Irán en el resultado del juicio por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, Infobae reveló una constante exigencia del diplomático iraní Ali Pakdaman quien aparece en las escuchas de la causa que lleva el juez Bonadío en la que procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner. En medio de las negociaciones por el memorándum, Pakdaman advirtió en reiteradas oportunidades "para avanzar con el acuerdo la justicia debe cuanto antes reflotar la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA que hay contra Menem y Beraja". Es el juicio en el que también está acusado el juez Juan José Galeano quien desde el principio investigó la pista iraní.

No se puede soslayar que la causa que más preocupa hoy a la Senadora y ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner es la que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, instrumento a través del cual -según la denuncia- se buscaba sellar la impunidad de los ciudadanos iraníes.

Por último algunos datos a tener en cuenta para terminar de armar el rompecabezas. Galeano fue el primer juez que investigó a la familia Kirchner por enriquecimiento ilícito y detuvo a los policías de la Bonaerense que terminaron absueltos en el primer juicio oral de la AMIA. Esa brigada estaba a cargo del ex comisario Juan José Ribelli, hoy defensor del acusado de traficar efedrina Ibar Pérez Corradi. El magistrado fue destituido de su cargo por un Jurado de Enjuiciamiento tras la acusación del Consejo de la Magistratura por entonces controlado por el kirchnerismo.

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