La esposa del docente imputado por abuso sexual en el Ceferino Namuncurá criticó con dureza a los fiscales
Bajo el título “¿Se está buscando la verdad en el caso del profe Juan?”, Fernanda Deluca, esposa del profesor de educación física acusado de abuso sexual en el Jardín Ceferino Namuncurá, hizo pública una carta donde cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía y puso en duda que los investigadores tengan como objetivo dar con la verdad.
El 7 de octubre del 2021 Juan Trigatti fue denunciado por la madre de una menor, alumna del Jardín Ceferino Namuncurá, por la presunta violación de su hija durante una clase de educación física. Desde entonces, el docente fue encarcelado en prisión preventiva hasta que el juez de la Cámara de Apelaciones, Roberto Reyes, dispuso que Trigatti recupere la libertad hasta la llegada del juicio oral.
A la espera de iniciar el debido proceso, la esposa del acusado, publicó hoy una misiva donde cuestionó la investigación y la intención por develar lo que realmente sucedió. A continuación se reproduce el escrito:
¿Se está buscando la verdad en el caso del profe Juan?
* Por Fernanda Deluca
La fiscalía no resguardó las cámaras el día 7 de octubre de 2021, cuando se dio a conocer la noticia de un presunto abuso en el jardín Ceferino Namuncurá, a pesar de que a partir de los incidentes de violencia que se sucedieron esa mañana, se presentó en la institución la Agencia de Investigación Criminal, pudiendo constatar la existencia de las mismas.
La fiscalía no secuestró el disco rígido 8 días después, cuando solicitó el acceso a las video filmaciones.
Tampoco se secuestró el disco cuando el técnico responsable del monitoreo informó a la AIC que las grabaciones se superponían cada tres días, para constatar esta información y verificar si el disco rígido podría haber almacenado aleatoriamente algunas grabaciones.
No solicitó el secuestro del disco a pesar de los innumerables pedidos realizados por la defensa a la fiscalía, ya que la escuela solicitó que todo requerimiento se realice mediante oficio judicial.
No secuestró el disco rígido a pesar de que lo ordenó el juez Patrizi en su resolución de la audiencia preliminar con fecha 1 de junio de 2022, porque presentó una apelación a la misma.
No secuestró el disco rígido a pesar de que en la Resolución de segunda instancia con fecha 16 de agosto de 2022, el Dr. Reyes, no hizo lugar a la apelación y confirmó lo dispuesto en primera instancia.
La fiscalía no secuestró el disco rígido hasta el día de hoy, porque presentó un nuevo recurso, argumentando que la resolución aún no se encuentra firme, recurso que el Juez Patrizi rechazó esta semana respondiendo que, aunque no se encuentre firme la resolución, es ejecutable, por lo cual ordena su secuestro y posterior análisis.
Y cada día que pasa es menos probable poder recuperar información sobre los hechos que se denuncian.
Una denuncia que, hace casi un año, destrozó la vida de un docente y de su familia, su nombre, su casa, su trabajo, su libertad, la privacidad y la cotidianeidad, su presente y su futuro inmediatos. Barrió también con la vida y la historia de una institución educativa, que lleva más de 50 años en uno de los barrios más antiguos y marginados de la ciudad de Santa Fe, barrió con la seguridad y el sentido de pertenencia de muchos de sus docentes, y barrió con la inocencia de 5 niñas que fueron sometidas a la sugestión de los adultos y a la irresponsabilidad e impericia de los operadores del sistema judicial.
Un relato que se contradice con el de profesionales de la salud, de otros niños y padres del jardín y de todos los docentes de la institución; padres y docentes que la fiscalía se negó a aceptar como testigos para el juicio, pero que fueron admitidos por los jueces de primera y segunda instancia.
Y las cámaras de video vigilancia, única prueba material objetiva que podría haber evitado todo este calvario, no solo no se preservaron en su momento, sino que hasta el día de hoy se niegan a peritar.
¿La razón?
Imposible de comprender, pero es evidente que no prima la búsqueda de la verdad, no existe justificación para incumplir con el deber más importante de la fiscalía en una investigación penal, cuya violación es una falta grave: preservar las pruebas materiales objetivas.
La prueba más importante de la inocencia de Juan fue intencionalmente descartada, pero esto no debería llamar la atención, si consideramos que no interesó recuperar la única prueba indiscutible que podría haber librado a esas niñas de la exposición traumática al estrés, la preocupación y la presión de sus padres, policías, médicos, psicólogos, a la violenta agresión a su jardín y a la exposición mediática.
¿De verdad se puede sostener que esto es velar por el interés superior de los niños? ¿a quienes se protege realmente?
En los delitos contra la integridad sexual se invirtió el principio de presunción de inocencia del artículo 18 de la Constitución Nacional, y todo denunciado pasa a ser culpable hasta que demuestre lo contrario. Si además, consideramos que todo el peso probatorio se funda en un relato y no solo se omite, sino que se impide obtener las pruebas materiales irrefutables, estamos absolutamente desamparados, ante un sistema que se asemeja más a la Inquisición o a los juicios de brujas, que al Estado de derecho que nos debe regir.
Juan es inocente y vamos a demostrarlo, pero el costo es muy alto para todos, es difícil comprender qué es lo que verdaderamente se persigue, y quién gana en este ensañamiento sin sentido. ¿Será que es más relevante para algunos ganar un caso y sumarlo a su estadística, que encontrar la verdad? Tal vez no importe la vida de un docente y su familia, o la salud psíquica de 5 niñas, pero alguien debería preocuparse del abuso del tiempo y los recursos del sistema judicial, mientras tantas víctimas esperan justicia.
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