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La Asamblea Nacional venezolana atendió más de 4.000 violaciones de derechos humanos en 2017

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El Parlamento venezolano, el único poder del Estado en manos de la oposición, atendió durante 2017 más de 4.000 "casos de violación de los derechos humanos", más del doble de casos de los que registró el año pasado, según el balance de gestión anual de la Comisión de Política Interna de la Cámara.

"Se han incrementado en un 60 % la cifras de presos y represión por razones políticas", se lee en una nota de prensa de la diputada Delsa Solórzano, que preside esta comisión, que considera víctimas de violaciones de derechos humanos a quienes sufren la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Entre los atropellos de los que da cuenta el informe se citan "allanamientos ilegales de moradas", "casos de prisión" y "persecución política", que se han disparado este año en las protestas contra el Gobierno que sacudieron la nación entre abril y julio.

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Según Solórzano, "actualmente hay 483 presos políticos en el país", una cifra que contrasta con la que da la organización pro derechos humanos Foro Penal, que tiene constancia de unos 300 detenidos por razones políticas después de unos últimos meses en que ha habido más liberaciones que arrestos.

La comisión parlamentaria cita asimismo entre estos abusos a los derechos humanos "casos en materia de salud, por la falta de medicamentos y por desnutrición" debido a una escasez de alimentos que afecta especialmente a "los niños y los ancianos".

La Asamblea Nacional de Venezuela (AP)

"No solamente el tema de la represión ha sido materia prioritaria en el seno de la Comisión, sino que ha tenido que ampliarse para atender otro tipo de violación de Derechos Humanos, que van desde la inexistencia absoluta de medicinas hasta la falta de comida", dijo la diputada.

Algunas violaciones de los derechos humanos se produjeron según la Cámara en las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), con que las fuerzas del orden actúan con agresivas redadas contra presuntos delincuentes en todo el territorio venezolano.

La Comisión de Política Interna se ocupa de denunciar estos casos, ofrecer apoyo legal y buscar indemnizaciones y otras formas de resarcimiento para las víctimas y sus familiares.

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