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Escándalo con gaseosa Manaos

07-10-2016 | EMPRESARIAS | ATAQUES
Escándalo con gaseosa Manaos

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero acusa a la empresa de contratar sicarios para apropiarse de las tierras de una comunidad indígena

Foto ilustrativa. i Profesional Foto ilustrativa. i Profesional

Através de una conferencia de prensa, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), explicó el conflicto que enfrenta por las tierras con la empresa de gaseosas Manaos y particularmente con Orlando Canido, uno de los dueños.
Los campesinos, acompañados por dirigentes del Movimiento Evita, del Frente de Izquierda y del kirchnerismo, denunciaron una violación de sus derechos en el territorio y amenazas con armas realizadas a las familias por parte de grupos de tareas.

La zona del conflicto es en Bajo Hondo, un paraje ubicado a 80 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero.
En esa línea, la legisladora por Santa Fe, Lucila De Ponti se solidarizó con el sector campesino y dijo: "La justicia de Santiago del Estero y el gobierno provincial no deberían ser cómplices de la empresa Manaos. Las tierras pertenecen a las comunidades campesinas, es donde viven y trabajan. Esto debe ser respetado por las empresas y defendido por la ley".

Quien también se reifrió al conflicto fue Fabián Orellana, integrante de la comunidad de Bajo Hondo, que precisó: "Los ataques comenzaron el 6 de Julio con gente armada, con Orlando Canido presente, para desalojar a las familias, tiraron nuestras pertenencias a la calle y quemaron las casas".
Y agregó que "el 24 de septiembre volvieron para continuar los ataques, despojarlos de sus pertenencias y atacar nuevamente el campamento".

Asimismo, Paulo Aranda, de MOCASE, sostuvo que "los grupos de tareas han ofertado plata por mi cabeza, por la de otro compañero y la de mi hija".

"A la lucha no vamos renunciar, porque depende de nosotros la vida de nuestros hijos. Y la tierra para nosotros significa vida. En plena democracia tenemos bandas armadas. Esto nos preocupa mucho como pueblo", resaltó.

"Vinimos a denunciar, a reunirnos con diputados y senadores. Pero lo que realmente nosotros queremos es llevarnos una respuesta porque no queremos que esta situación nos deje más compañeros muertos, como Cristian Ferreyra y Miguel Galván", reclamó Margarita Gómez, integrante del MOCASE.

El conflicto no es reciente, pero se acrecentó cuando comenzó a extenderse la frontera de la soja.

Grupos empresarios empezaron a mirar con deseo las tierras que siempre habitaron las comunidades, y con complicidad de los estados provinciales obtuvieron títulos de propiedad, aseguran desde el MOCASE.

Desde 2004 que los habitantes legítimos de esta tierra intentan ser desalojados, y vienen resistiendo organizados con otras comunidades de la zona.

Del encuentro participaron, además de la diputada Lucila De Ponti, los diputados nacionales Leonardo Grosso, jefe del bloque Peronismo para la Victoria y Silvia Horne del mismo bloque, los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nestor Pitrola y Pablo López, la diputada del Frente para la Victoria, Silvina Frana y representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

IPROFESIONAL

Fuente: SM

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