El millonario juicio contra los curas de Don Bosco tras la misteriosa muerte de un seminarista

El sacerdote mexicano Pascual Chávez fue durante doce años el rector mayor de la Congregación Salesiana, el máximo responsable a nivel global de una de las ordenes de la Iglesia Católica con mayor presencia y poder de penetración en el planeta y la sociedad argentina, fundada por San Juan Bosco. Chávez, dada su función, era un líder espiritual. En ocasiones, los líderes espirituales deben ofrecer consuelo. El 29 de julio de 2013, un año antes de dejar su cargo, el sacerdote envió desde su escritorio de la Direzione Generale de la Opere Don Bosco en la Via della Pisana de Roma una breve carta a Adriana Tello de Larrañaga, oriunda de Las Heras, Mendoza. En la carta, el sacerdote hablaba de Raúl, hijo de Adriana, seminarista salesiano, muerto un año antes. Para Adriana, el consuelo no sirvió de nada. Las palabras de Chávez solo trajeron más oscuridad.

Luego de las condolencias protocolares, Chávez apuntó a la madre de Raúl que "solo Dios sabe por qué nos ha enviado semejante prueba" y que "para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo ocurre para su bien, aunque no entendamos cómo." El problema, para Chávez, era que la madre del seminarista muerto quería entender.

"No creo, de corazón se lo digo, que una mayor información sobre las circunstancias de aquel aciago día le esté procurando mayor paz", aseveró el rector mayor de la Orden, para luego pedir "comprensión" y excusarse por los hermanos de su hijo que fueron "abrumados por el dolor." El 23 de abril de 2012, minutos después de las 12 del mediodía, Raúl Edgardo Larrañaga, mendocino, estudiante de filosofía, de 30 años de edad, criado y formado en el seno de las instituciones salesianas, cayó de una altura de al menos 7 metros por el hueco de un tragaluz mientras intentaba reparar el techo de un patio interno del Complejo Sagrado Corazón sobre la calle Bufano en Villa Luzuriaga. La caída, sobre un bicicletero, le causó un fuerte traumatismo de cráneo, gran pérdida de sangre, fracturas expuestas. Llegó a las 14 al Hospital Italiano de San Justo, trasladado por una ambulancia del servicio Vittal. Tres horas más tarde, Raúl era declarado muerto.

Parecía, a simple vista, un accidente. La doctora María Cecilia Revello, titular de la UFI Nº1 de La Matanza, abrió una causa por averiguación de causales de muerte, que fue cerrada y archivada días después. La autopsia realizada por el forense Daniel Caudevilla en el Cuerpo Médico Departamental de La Matanza determinó que Raúl murió por un paro cardiorespiratorio provocado por sus múltiples heridas. El cuerpo de Raúl fue trasladado poco después a Las Heras para su entierro. La herida, para los Larrañaga, debería estar cerrada, pero los familiares del seminarista todavía exigen una respuesta.

Hoy, casi seis años después, los Larrañaga llevan a juicio a la Institución Salesiana, la razón social de la orden de Don Bosco en Argentina, un proceso civil por daños y perjuicios iniciado en 2014 y que tramita en el Juzgado Nº34 del fuero en Capital Federal, subrogado por el doctor Ignacio Rebaudi Vasabilbaso. Los Larrañaga buscan 1,7 millones de pesos -valor de 2014, alrededor de 3,5 millones al día de hoy- en concepto de reparación. Una pericia psicológica de parte presentada por los Larrañaga en la que fueron analizados Adriana, Hugo -padre de Raúl-, y dos de los hermanos menores del seminarista fallecido habla de "indicadores de angustia y ansiedad", "proceso de duelo patológico", "imposibilidad de aceptar la pérdida", "estado depresivo", "abatimiento y resignación", con diferentes niveles de incapacidad.

Hay un punto saliente en la pericia, que resuena con fuerza de cara a lo escrito por el jefe de los salesianos tres años atrás. "En Hugo y Adriana Larrañaga su temor se centra en la imposibilidad de conocer los detalles del fallecimiento de su hijo y no realizar un duelo adecuado del mismo", apunta el texto adjunto a la causa, a la que Infobae accedió en forma completa.

En sí, el juicio por daños y perjuicios resulta ser un pobre consuelo. Adriana Tello buscó traer luz sobre la muerte de su hijo a lo largo de los años, incluso con una carta abierta al Papa Francisco que fue difundida por organizaciones como Madres del Dolor. Adriana apunta a Infobae: "Creo que la Iglesia encubrió la muerte de mi hijo, que quisieron hacer borrón y cuenta nueva. Mi hijo merecía morir con dignidad. Como familia no entendemos ni aceptamos la negación institucional por no interesarse en querer saber qué pasó." La causa cerrada y archivada por la Justicia penal de La Matanza estuvo cargada de incógnitas y áreas grises desde el comienzo, literalmente, desde la primera inspección policial al complejo salesiano de Villa Luzuriaga, en ese entonces encabezado por el sacerdote Leonardo Palazzo.

Dos efectivos de la Policía Bonaerense visitaron el Sagrado Corazón poco después de la llegada de Raúl al hospital. "No observándose mancha hemática alguna", apuntó el sumario. Es decir, no había ninguna mancha de sangre. Un seminarista que luego declaró en la causa -que aseguró ser socorrista y que hasta afirmó haberle aplicado un collar cervical a Raúl- habló de un sangrado profuso, una mancha de al menos "dos litros." También, habían "corrido un bicicletero", el mismo donde impactó Raúl al caer de la ventana, según dijo otro seminarista a los policías, que no secuestraron ningún elemento en el lugar.

La autopsia al cuerpo, a nivel general, fue la única pericia de la causa, en el expediente por averiguación de causa de muerte de un solo cuerpo al que también accedió Infobae y que fue requerido por el Juzgado Civil Nº34. Es decir, no fue analizada la ventana del tragaluz, no fue peritado el bicicletero, ni la correspondencia o las pertenencias del joven. Hay fotografías del tragaluz, del patio interno, que ilustran esta nota, pero no del techo mismo donde cayó. La autopsia -que no habla de golpes con objetos contundentes- carece de fotografías. "No cuidaron las pruebas del caso, es un atentado a los derechos de mi hijo muerto", apunta la madre de Raúl.

"La indiferencia y el maltrato primaron con nosotros", asevera Tello sobre la actitud de los salesianos tras la muerte de su hijo. Los Larrañaga llegaron a Villa Luzuriaga el 24 de abril. Hugo Larrañaga aparece presentado en la causa por averiguación de muerte un día después de la muerte de su hijo: "Se nos negó el ingreso al dormitorio, tuvimos que insistir hasta la noche para entrar y encontramos la mochila de Raúl vacía de documentos, no sabían dónde estaban sus cuadernos y libro, casi un año después me dieron su billetera… ¡a escondidas! ¿Por qué a escondidas? ¿Por qué trapearon su sangre antes de que llegara la policía? Palazzo, el sacerdote director, se fue sin ser reprendido, sin dar respuestas." Adriana habla de diversos compañeros de Raúl, jóvenes salesianos que lo conocían. "Muchos dejaron la orden después de su muerte", asegura.

Orlando Ferrarese es el abogado que representa a la Institución Salesiana en el expediente que tramita en el Juzgado Nº34. "La postura de mi cliente es que Raúl subió al techo por su propia voluntad, nadie lo envió allí", dice. Hay testimonios en la causa que lo contradicen.

Tres allegados mendocinos a Raúl, parte de diversas áreas de la organización salesiana como los Exploradores de Don Bosco, hablaron de la vida regimentada y verticalista de lugares como el Sagrado Corazón, con horarios como el "horario de oficios" donde cada estudiante se encargaba de una tarea específica designada por un superior, como jardinería: Raúl habría estado a cargo de las reparaciones menores en el predio.

El sacerdote Patricio De La Torre, que actuaba como formador de los estudiantes de teología del Sagrado Corazón, aseguró en su declaración testimonial que el 23 de abril "se dividieron en tres grupos para realizar diversos trabajos"; De La Torre fue designado por el director Palazzo para podar el césped con un tractor. El seminarista que socorrió a Raúl aseguró que esa mañana fue designado para la poda de árboles. Es decir, la hora de oficios era un hecho y alguien, claramente, había repartido las tareas. "La obediencia es un requisito esencial de la pertenencia", aseguró un testigo.

¿Se tomaron medidas de seguridad? En ningún momento del expediente se hablan de casco o arnés de seguridad encontrados junto al joven o en el complejo salesiano. Un perito de parte de los Larrañaga aseguró, con obvia sensatez, que debía llevarlos para trabajar en las reparaciones del tragaluz. Sobre cualquier sospecha de homicidio, hay en la causa de la UFI N°1 un oficio que menciona a la Unidad Especializada en Homicidios de La Matanza. Sin embargo no hay ninguna producción de prueba que tienda hacia esa hipótesis.

Las partes en el expediente del Juzgado Nº34 no son dos, sino tres: la tercera es la parte citada en garantía, la aseguradora, que decidió no pagar por la muerte de Raúl. Una carta documento enviada a la Institución Salesiana indicó que "esta empresa desestima el presentado, declinando su responsabilidad."

La compañía aseguradora recordó a los sacerdotes de Don Bosco la obligación de comunicar un siniestro dentro de tres días de conocerlo. Los salesianos, en su sitio oficial, anunciaron la muerte de Raúl como "un accidente" el 24 de abril de 2012. Sin embargo, fue comunicada a la empresa aseguradora más de dos años después, el 15 de julio de 2014.