"El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado" se titula el comunicado de la CGT que considera que "es una nueva provocación del Poder Ejecutivo" la intimación iniciada por la cartera de seguridad. "Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país", consideró la central obrera.
Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra "la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento". Finalmente, subrayan que la CGT "no representa los intereses de 'una casta', sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".
El envío de la multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura "a las organizaciones o individuos responsables" por los costos de los operativos, ya que "el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad". En ese marco, señaló que "las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo", informó Ámbito.
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