Dura crítica a los fiscales santafesinos por su participación en la CIDH
La audiencia que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe convocó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de denunciar supuestas complicaciones o inconvenientes a la hora de investigar no llegó a buen puerto, o al menos no era lo que los fiscales deseaban.
Según pudo saber este medio, los funcionarios judiciales no fueron autorizados por la representante del Estado argentino en la reunión, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Prochak. Además, tampoco contó con la venia por parte de Julissa Mantilla Falcón, comisionada de la CIDH.
Aparentemente, los fiscales de Santa Fe y el resto del país intentaron dar cuenta de las complejidades con que se encuentran a la hora de desarrollar sus funciones. En primer lugar tomó la posta Marcelo Varona, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, y luego Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación Santafesina.
No obstante, y tras exponer sus argumentos, la representante del Estado argentino se sorprendió de que los fiscales hagan mención a casos puntuales, principalmente porque se trataba de una audiencia para abordar la situación en general.
Al respecto, le llamó la atención la “heterogénea temporalidad” de lo manifestado por los funcionarios judiciales, quienes se refirieron a la reforma del Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevada a cabo en 2018.
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“La convocatoria se hace ahora, en 2022, pero la reforma fue en 2018”, sostuvo Prochak acerca de la norma que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (CSJSF).
Ante esto, la representante argentina volvió a hacer hincapié en que la audiencia era para tratar temas sobre la “situación en general” y añadió: “Negamos rotundamente que haya represalias contra fiscales que investigan la corrupción”.
Al respecto, el criminólogo Enrique Font sostuvo que “la presentación y argumentación fue, además, pobre en lo formal y en lo substantivo, evidenciando un preocupante amateurismo respecto del Sistema Interamericano de DDHH y el funcionamiento de la CIDH”.
Asimismo, definió el accionar de los fiscales santafesinos como un “tremendo papelón, gasto de recursos públicos y mala utilización de la CIDH” y sentenció: “Usaron a la CIDH para una patética operación política y mediática que, en el caso de Santa Fe, la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la provincia comenzó ya días antes de la audiencia”.
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