Denuncian a Ponce de ATILRA por sobreprecios, lavado de dinero y atentar contra la salud de los afiliados

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Vuelos privados a Panamá, EEUU y Uruguay por 23 millones de pesos, aumentos patrimoniales superiores al 400 por ciento en apenas cinco años, la compra de prótesis con sobreprecio e intervenciones quirúrgicas mal diagnosticadas, resumen las maniobras que el Dr. Mario Bertoia desnudó contra la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

Bertoia, médico auditor a nivel nacional hasta el 2019 de la obra social de los trabajadores lecheros, denunció al Secretario General de ATILRA, Héctor Luis Ponce, por atentar contra la salud de los afiliados, sobreprecios y lavado de dinero, entre otros delitos.

En 1996 el gremio estableció un “aporte solidario”, un mecanismo que garantizó amasar una importante fortuna y obtener un caudal de dinero constante para la construcción de muchas de sus obras faraónicas: “Hoy ese aporte es de 15 mil pesos, a razón de 20 mil afiliados, son 300 millones de pesos mensuales sin control, que antes se depositaban en el Banco Nación de Buenos Aires y ahora se lo hace en el Banco de Sunchales”, aseveró Bertoia en diálogo con Sin Mordaza TV.

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El crecimiento exponencial del gremio, llega a su síntesis cuando se revela que, hasta el 2016, se habían gastados unos 23 millones de pesos en vuelos privados a Panamá, EEUU y Uruguay sin motivos o razones aparentes: “La pregunta es para qué se hacían esos viajes, qué llevaban, habida cuenta que el gremio, bajo ningún punto de vista, tenía negocios fuera del país. Los viajes los realizaba Ponce con su yerno, su hija o su abogado”.

Los vuelos fuera del país corrieron en paralelo a un incremento patrimonial de la familia Ponce. Según un fallo dictado por el juzgado federal número 9, que había encomendado a la AFIP informar sobre la existencia de presuntos plazos fijos, se indicó que existía una cuenta a nombre de Natalia Ponce y su marido por unos 4.600.000 dólares, cuando ellos tan solo cumplían cargos administrativos en la Clínica 10 de Septiembre. El organismo indicó, además, que la pareja abrió un nuevo plazo fijo en moneda nacional en 2010.

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“La hija de Ponce declara ese año bienes personales por 260 mil pesos, mientras que en 2015 declara más de seis millones, casi un 4.000 por ciento de evolución patrimonial, solamente trabajando de administrativa en la clínica de Sunchales”, detalló Bertoia, quien además mencionó sobre una transferencia desde el gremio por unos 375 mil dólares en el 2013 a nombre de Natalia Ponce “con el que compró un terreno y luego lo vendió al gremio en 600 mil dólares”.

Los “desmanejos financieros” denunciados por el médico, se habrían complementado con el negocio de prótesis de columna. Según Bertoia, mientras los índices de su colocación a nivel nacional eran de 1,2 cada 100 pacientes, en Sunchales trepaban a 80 cada 100 pacientes.

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“En 2013 empezaron a colocar prótesis de columna de forma indiscriminada a pacientes. Ellas son las más agresivas y agraviantes, porque si son mal indicadas se tienen que sacar, pero el daño ya está hecho y la persona no se recupera más. Las prótesis que se ponían estaban totalmente injustificadas y en gran cantidad. Por ejemplo, en ATILRA, el material que se utilizaba valía un 300 por ciento más que el que utilizaba IAPOS. A numerosas personas dejaron con discapacidad, pero ninguna se animó a hacer la denuncia por el miedo a Ponce”.

Al advertir estos hechos, el médico se presentó ante los tribunales de Buenos Aires, elevó una nota al fiscal, pero finalmente el juez cerró la causa. “Yo no podía permitir que se arruine a la gente de la forma que se lo estaba haciendo. Hablé con Ponce y me dijo que se iba a ocupar. A los dos meses le volví a hablar y me mandó a decir por el gerente general que me dejara de joder con las prótesis o que me iba a sacar del cargo”, narró.

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Por su denuncia, Bertoia fue amenazado de muerte, hecho que lo llevó, incluso, a realizar una declaratoria de no tener “intenciones de suicidarse”, porque en “este país te tenés que cubrir de esa manera”, argumentó.

Recientemente, el médico volvió a presentarse ante los tribunales de Rafaela para que se investiguen estos hechos, como también, “a la secretaría nacional, que vendría a ser como la mesa chica, que apoyó todas estas cosas, porque nadie lo hace sin un tipo de interés. Lo que me interesa es que se investigue patrimonialmente a los ocho secretarios generales que están en la mesa chica para ver cómo han evolucionado patrimonialmente en los últimos diez años”. Por lo pronto, el fiscal solicitó al gremio el envío de información de interés para la causa y realizó un pedido al juzgado por el expediente de referencia.