Denuncian a Fernández por enriquecimiento ilícito y lavado

Se presentó ante la Fiscalía Regional Santa Fe, quedando radicada ante la Unidad de Delitos complejos, una denuncia penal contra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza Santa Fe, Pedro Orlando Fernández y personas allegadas a su entorno familiar, por la posible comisión de los delitos de Enriquecimiento ilícito (art. 268.2 Código Penal); Lavado de activos (art. 303 Código Penal); Evasión de impuestos (Ley 27.430).

Según dicha denuncia, Fernández, actualmente funcionario de la Empresa Provincial de la Energía con “categoría 18”, al asumir en calidad e Secretario General del gremio, contaba como únicos bienes de su propiedad un inmueble casa habitación que podría calificarse de modesta, sita en el Barrio Guadalupe Oeste, calle Risso 2155, Santa Fe y un vehículo automotor, marca Chevrolet Meriva con varios años de uso en ese momento. El total de su patrimonio se estima a esa fecha en U$S 35.000.

Mientras que en la actualidad, se registrarían a su nombre y de personas de su entorno familiar nueve inmuebles y ocho automotores (algunos de alta gama, otros de colección), estimándose el patrimonio en una cifra cercana a los U$S 1.700.000.

Según el tenor de la denuncia, con el claro objetivo de disimular tan desproporcionado crecimiento patrimonial, que no guarda ningún tipo de correlato con ingresos formales o regulares asignables al nombrado, habría utilizado el remanido recurso de registrar o asignar bienes a personas de su entorno familiar, quienes carecen de medios económicos para adquirir los mismos. Lo que lejos de aliviarlo, esto se convierte en un virtual reconocimiento de las maniobras irregulares por parte del mencionado dirigente sindical.
Se expresa además, que es evidente que todos los bienes comprometidos conforman una unidad patrimonial cuyo verdadero titular sería el Sr. Pedro Orlando Fernández, ya que sus titulares carecen de toda aptitud o capacidad económico-financiera para adquirir o ser reales titulares de esos bienes.

En relación al delito de enriquecimiento ilícito atribuido a Fernández, se hace especial mención a que la E.P.E. es una empresa del Estado Provincial, por ende, parte integrante de la Administración Pública. Que, sus dependientes, en los términos de la Ley 25.188 y del art. 77 del Código Penal, son funcionarios públicos. Finalmente, que en el orden provincial la cuestión relativa al alcance de la figura de funcionario público quedó debidamente zanjada en el caso “Vorobiof, Marcelo Héctor”. Así, autor del delito mencionado, puede ser cualquier persona que ocupe o haya ocupado un cargo público en cualquiera de las funciones del Estado y en cualquiera de sus niveles.

Lo primero es la familia

Arce Silvina: la esposa de Fernández. Se registra a su nombre un complejo de case, cuyo valor ascendería a U$S 160.000 y 25 cocheras aproximadamente cuyo valor se estima en U$S 140.000. También a su nombre una camioneta Toyota SW4, una camioneta Toyota SRV 4X4, vehículos antiguos restaurados (Ford modelo 1956, dominio TEY039 y Chevrolet modelo 1957, dominio YT1239. No se encuentra empadronada con CUIT vigente ante AFIP.

Fernández Daiana Natalí: Hija de Fernández. Se registra a su nombre un inmueble consistente en complejo de 3 cocheras, pileta, salón, parque y demás instalaciones, cuyo valor ascendería a U$S 200.000. Además de un automóvil Fiat Mobile. Empleada de la E.P.E. desde hace 5 años. Además, se encuentra empadronada ante AFIP como monotributista, con la categoría más baja A.

Fernández Naila Sabrina: Hija de Fernández. Se registra a su nombre un inmueble tipo casa cuyo valor rondaría los U$S 160.000. Automóvil Chevrolet modelo 1957, en condominio con Silvina Arce. Tiene 22 años.

Henze Germán Gabriel: Pareja de Diana Natalí Fernández y empleado de la E.P.E. se registra a su nombre un inmueble en la localidad de Progreso, tipo galpón, taller y complejo de 5 departamentos con salida a calle Mendoza y Güemes. Valor estimado U$S 200.000. También registraría a su nombre numerosos vehículos automotores.

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