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Inseguridad: “El problema de fondo es la sociedad que tenemos que es desigual”

Inseguridad: “El problema de fondo es la sociedad que tenemos que es desigual”

Al aire de Cadena Oh! Costa Rotela dijo: “Está muy bien que las personas expresen su opinión con libertad cuando hay determinados temas de resonancia especial y que movilizan lo emocional y la visión que cada uno personalmente pueda tener ante un hecho de inseguridad, en este caso”.

Consultado por el tema, el abogado expresó: “Para dar una opinión con fundamentos jurídicos, he sido consultado en estos días, también he agregado elementos culturales. Para pensar qué nos pasa como sociedad”.

Además, desglosó la información y recordó: “Hay que entender que este lunes se publicó en el Boletín oficial de la Nación un reglamento de la ministra de Seguridad de la Nación donde tipifica una serie de hechos en los cuales se autorizaría a las Fuerzas de Seguridad Federales (estamos en Santa Fe y hay estas Fuerzas Federales: Gendarmería, Prefectura). Y, de alguna manera, está invitando a distintas provincias y jurisdicciones a que se adhieran. CABA se adhirió a ese reglamento”.

Fallo negativo en Buenos Aires

Consultado al respecto, Costa Rotella dijo: “Para que un juez dicte (la inconstitucionalidad) de la norma, hubo planteos, tengo entendido de la CORREPI y la Defensoría del Pueblo. El argumento es sencillo desde el punto de vista jurídico: una resolución no puede ir en contra de una ley ni de un sistema constitucional, la constitución de otro país, ni de tratados internacionales. Acá hay varios que se están tocando”.

Y continuó con su argumentación: “Desde lo jurídico, una resolución no puede afectar ni ir en contra a una ley, son de jerarquía y naturaleza jurídica distintas. La resolución es una disposición administrativa del Poder Ejecutivo, en este caso sobre su Policía. Y otra cosa es una ley: la representación de la sociedad en un parlamento”.

Qué dice la ley

El abogado explicó que “para modificar esta pretensión que tiene una política pública del Gobierno Nacional se debe modificar una ley. Acá, encima, está tocando aspectos constitucionales a través de todo el sistema de Derechos Humanos. El artículo 34 del Código Penal, yo recomiendo una lectura, habla de la legítima defensa y del exceso en legítima defensa. En este caso, un Policía cumpliendo esta tipificación que le está indicando su propia ministra, podría incurrir en un exceso de legítima defensa en su función de prevención o sofocamiento de un hecho de peligro inminente, en una situación de calle, de inseguridad, de situación no querida”.

Tratados internacionales

“Por otro lado, tenemos un sistema constitucional y un tratado específicamente de 1990. Se llama 8vo. Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Estamos hablando de la comunidad internacional, estándares que deberían cumplir todos los países. Habla de principios básico del empleo de las fuerzas y armas de fuego por los empleados encargados de hacer cumplir la ley. Hace una valoración de todos los funcionarios públicos. Encorseta a las armas de fuego para cuando sea inevitable. Vamos a hacer una reflexión sobre esto”, dijo el entrevistado.

Un problema socio cultural

“El Estado tiene el monopolio de la Fuerza Pública, la sociedad le ha asignado el rol de cuidarnos y protegernos a todos. Le da un arma de fuego en la mano a quien se prepara para ese rol de protegernos. Hay que tener que por principio en cuenta que el uso del arma de fuego es la excepción, no la regla. Con este tipo de medidas se está invirtiendo este principio, que va más allá de las reglas, es de principio común. Sabemos que si te doy un arma, te estoy formando y uniformando para cuidarnos a todos sabés que el uso del arma de fuego es letal”. Señaló Costa Rotella.

Y ejemplificó: “Es irreversible. Si a un chico que va corriendo por la calle, con pelo largo, ante una situación de sospecha le pegan un tiro, no puede volver a contar más el cuento. Esto es lo peligroso. Esta predisposición de una parte de la sociedad de decir que los policías nos cuiden, que haya más mano dura… acá en donde debemos profundizarlo con una mirada cultural”.

“¿Por qué una sociedad está reclamando un endurecimiento de penas?. Porque se está desviando el eje más de fondo. El tema de la inseguridad tiene mucha repercusión en los medios, todos los hechos, femicidios tiene repercusión profunda y toca los sentimientos. Hay que mirar que el problema es la sociedad que tenemos: desigual. No están integrados, ni están entrando todos. La respuesta es más profunda. Quizá la contención desde lo policial sea una medida directa, más rápida, más urgente ante situaciones que son urgentes. Pero esto no le cabe solo a este gobierno, o al anterior, o al anterior.

Nos cabe como sociedad poner el eje en el fondo del tema: la desigualdad”. Analizó el abogado.

“Esta resolución de la ministra de Seguridad articula mucho una fibra sensible y una cuestión muy simbólica. Si tipifico los casos y estoy casi autorizando al Policía a entrar en choque, en acción. Sucedió, todos lo sabemos con el caso Chocobar, hubo filmaciones donde este policía en cumplimiento de su función abatió por la espalda a una persona que estaba cometiendo un delito. O ese nene que estaba jugando con un revolver de juguete, y la Policía en una situación en Buenos Aires también intentó tener una situación de sofocamiento. Como sociedad estos síntomas son bastante alarmantes”, reflexionó el especialista en derecho.

“Desde el punto de vista constitucional se lo achaca por muchos lugares, y está bien la decisión de ese juez en Buenos Aires. Pero es sólo una opinión doctrinaria y como ciudadano” comentó el entrevistado.

“Cada provincia está organizada, tiene sus Fuerzas Federales. Lo que nos rige a todos es el Código Penal, con ese artículo 34. Y un policía que cumpla ese protocolo va a tener problemas. No lo digo yo, los mismos juristas de primera línea en Argentina. Tendrán problemas los agentes que cumplan con el reglamento pero no cumplan con la ley, que es el Código Penal. El gobernador en Santa Fe ha planteado que tiene una visión distinta con respecto al tema de la inseguridad, y tendrá sus razones para no adherir a este protocolo”, concluyó el abogado.

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