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Carlos Wagner acordó con el fiscal Stornelli declarar como arrepentido

Carlos Wagner, el hombre que estuvo al frente de la Cámara Argentina de la Construcción durante varios años del kirchnerismo, acordó con el fiscal Carlos Stornelli declarar como “imputado colaborador” en la causa de Los cuadernos de las coimas. Ahora, el juez Claudio Bonadio deberá homologar esa negociación. Así, se convertiría en otro de los arrepentidos del caso que investiga un circuito de cobro de coimas a empresarios del sector energético y la obra pública durante el kirchnerismo.

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La estrategia de Wagner va en línea con la que siguieron la mayoría de los propietarios de las constructoras involucradas en la causa. En paralelo Luis Betnaza, director institucional del Grupo Techint, fue indagado en Comodoro Py y se esperaba que reconociera haber pagado coimas a exfuncionarios K.

Por el puesto clave que ocupó, Wagner es uno de los empresarios con mayor conocimiento de la relación de los empresarios que participaron de la obra pública durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner con el Ejecutivo. En paralelo a la causa de las coimas, en mayo el juez federal Sebastián Casanello lo procesó en una causa de defraudación por la construcción de plantas potabilizadoras de AySA, obras encargadas a la compañía brasileña Odebrecht, involucrada en un megaescándalo de sobornos en la Argentina y otros países de Latinoamérica.

Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción, en un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.

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Hasta el momento cinco empresarios confesaron que entregaron dinero a exfuncionarios del kirchnerismo por coimas o aportes de campaña: Armando Lorson (Grupo Albanesi), Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Héctor Alberto Zabaleta (Techint). Todos se acogieron a la figura del arrepentido.

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Lanzan plan para reforzar el control de los inmigrantes

La novedad será acompañada por un sistema para regularizar su situación a través de la radicación. El objetivo será blanquearlos o expulsarlos del país si no lo hacen o si tienen antecedentes penales. Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno radicó a 530.000 extranjeros, expulsó a 1200 por delitos y otras causas y hay 600 procesos en marcha. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , le presentó el programa a Macri, quien ordenó extenderlo a todas las fuerzas de seguridad. El director nacional de Migraciones, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado. “Peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos como condición para que accedan a los servicios y derechos que otorga el país”, explicó Totó García. En caso de que no accedan a regularizarse dentro de los 30 días de ser detectados como ilegales, o en caso de registrar antecedentes penales en su país o en la Argentina, comenzará el proceso de expulsión, que se redujo de cuatro años a cuatro meses, tras el decreto 70/2017. Según las cifras de Migraciones, en lo que va de 2018 los venezolanos lideraron las radicaciones, incluso por encima de los bolivianos y paraguayos, que encabezan el índice del flujo migratorio históricamente. Desde enero se radicaron 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otros países (14,71%). Total: 100.604 radicaciones. El primer paso del plan de control de inmigrantes ilegales consistirá en lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares de agentes de salud, seguridad, policías, gendarmes y policías provinciales, entre otros. El dispositivo permitirá conocer la situación migratoria de cualquier extranjero: si tiene residencia permanente, temporaria, visa de turista o si no está regular. También detectará si no tiene registro de ingreso en la frontera por algún paso fronterizo. En una demostración que hizo García en los últimos días, puso el nombre del asesor presidencial ecuatoriano Jaime Duran Barba y la aplicación arrojó como resultado: “residencia temporaria”. Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular. En la aplicación se ingresará el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento del extranjero, y se accederá a su situación migratoria, últimos tres ingresos y salidas del país, y los antecedentes. “Si usan un hospital público o servicios, deben tributar al Estado”, señaló García. Para radicarse, Migraciones lanzará en septiembre otro sistema de regularización a distancia, por internet, que reemplazará el trámite de largas colas y burocracia estatal. En el sitio web de Migraciones, el interesado iniciará el trámite en el link de Radex (Radicación a Distancia de Extranjeros). Deberá ingresar datos biográficos, fotos de sus certificados de residencia y antecedentes penales del país de origen y pagar la tasa: $3000 para ciudadanos del Mercosur y $6000 para los extra- Mercosur. El proceso terminará en la sede de Migraciones correspondiente a su domicilio para las huellas dactilares y la foto, tras lo cual se le enviará el DNI a su casa. El trámite completo debería tardar, si es normal, una semana. “En los últimos 15 años ingresaron muchos extranjeros que recibieron asistencia del Estado, en salud o educación, sin pagar impuestos. Todos deben ser regulares, con derechos y con obligaciones”, dijo una fuente oficial. “No puede ser que no se tribute. Hoy no se siente como una necesidad la regularización. Los derechos y los beneficios del Estado deben tener el mismo estatus para argentinos y para extranjeros”, agregó el funcionario. En la regularización, Migraciones preguntará la actividad profesional de origen para vincularla con la demanda de trabajo en la Argentina. En Río Negro, el organismo descubrió una demanda de 43 médicos. “Entonces, van a ir médicos venezolanos. Pero también los argentinos se enteraron y también irán”, dijo un funcionario oficial. En los próximos días, el Centro Argentino de Ingenieros hará un relevamiento para 6700 ingenieros venezolanos recién ingresados, que podrán insertarse en el mercado local. El 93% de ellos no tiene problemas en ir al interior. El 80% de los 530.000 inmigrantes radicados desde 2015 viven en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano. Venezolanos, a la cabeza del flujo migratorio En 2018: Ingresaron al país 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otras naciones (14,71%) Tasa migratoria Pagarán $3000 los ciudadanos del Mercosur y 6000 los “extra-Mercosur”. Los venezolanos son considerados del Mercosur, pese a la sanción al país.