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El Grupo de Lima exigió al régimen de Maduro un nuevo calendario electoral y un “corredor humanitario”

El Grupo de Lima (@enpaiszeta)

El Grupo de Lima exigió este martes al gobierno de Venezuela que cambie el calendario electoral y que permita abrir un "corredor humanitario" para enfrentar el desabastecimiento de alimentos, tras una reunión de cancilleres que rechazó a la convocatoria a comicios anticipados en ese país.

Además, Perú pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro que desista de concurrir a la Cumbre de las Américas en Lima en abril, afirmando que su presencia "no será bienvenida en dicho encuentro".

"Esta VIII Cumbre será un éxito con la presencia y respaldo de los demás presidentes de las Américas", escribió el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en Twitter.

Esta VIII Cumbre será un éxito con la presencia y respaldo de los demás presidentes de las Américas. (3/3)

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) February 14, 2018

Los 14 países del Grupo "exhortan al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral", dijo el Grupo al término de un cónclave de casi siete horas en Lima, en una declaración conjunta leída por la canciller anfitriona, Cayetana Aljovín.

"No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente", indica la declaración.

Corredor humanitario

Los 14 países también "exhortan al gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas", dice el texto.

No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos

"Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, (los cancilleres del Grupo) acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esa situación", añade.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que la comunidad internacional está lista para "apoyar un canal humanitario" para Venezuela. Además, negó que Bogotá planee una intervención militar en el país vecino, como han afirmado funcionarios venezolanos.

"Tenemos suficientes problemas en Colombia (…), para pensar en una intervención militar en Venezuela. Jamás lo hemos pensado", expresó Holguín.

María Ángela Holguín, canciller colombiana (EFE)

Por su parte, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que desde la reunión del grupo en Santiago el 23 de enero "la crisis en Venezuela ha empeorado".

La situación en Venezuela ha estado marcada por una aguda pugna entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y la oposición desde que ésta ganó el control del Congreso en diciembre de 2015.

Tenemos suficientes problemas en Colombia, para pensar en una intervención militar en Venezuela

Maduro, elegido por estrecho margen hace cinco años tras el deceso del mandatario Hugo Chávez (1999-2013), aspira a ser reelegido en los comicios de abril, convocados luego del fracaso de una negociación entre su gobierno y la oposición para acordar las condiciones del proceso.

La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aún no ha decidido si participará en los comicios, que fueron adelantados por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente que impulsó Maduro en respuesta a las protestas de 2017 y que rige en el país como poder absoluto.

Petición de la ex fiscal general

Los cancilleres también tomaron nota de una comunicación de la destituida fiscal general venezolana, Luisa Ortega, una chavista devenida en crítica de Maduro y ahora exiliada.

Ortega puso a disposición del Grupo de Lima las pruebas que acompañaron su denuncia ante la Corte Penal Internacional para que soliciten "una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela" en el marco de las protestas de 2017, que culminaron con al menos 125 muertos.

La destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz

El régimen de Maduro y la oposición, que denunció una "salvaje represión" de militares y policías, se responsabilizaron mutuamente por la violencia.

El 23 de enero, el Grupo de Lima había rechazado la decisión unilateral de la oficialista Asamblea Constituyente venezolana, que rige con plenos poderes, de adelantar los comicios, que generalmente se efectuaban a finales de año.

El adelanto de los comicios también fue condenado por Washington. El jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, efectuó la semana pasada una gira por América Latina que estuvo dedicada en buena medida a la situación venezolana.

En su visita a Perú, Tillerson elogió las gestiones del Grupo de Lima en la búsqueda de una salida a la crisis en Venezuela.

Los cancilleres también analizaron un informe sobre Venezuela presentado el lunes en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su "profunda preocupación" por la "respuesta represiva, arbitraria y contraria a derechos humanos" del gobierno a la oleada de movilizaciones en su contra.

Surgido en agosto de 2017 para abordar la crisis venezolana, el grupo de Lima fue creado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Originalmente de 12 países, el Grupo ahora tiene 14 miembros, tras las adhesiones de Santa Lucía y Guyana. En la cita de este martes también participó por videoconferencia la vicecanciller de Jamaica, Marcia Gilbert Roberts, aunque su país no integra formalmente el grupo.

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Lanzan plan para reforzar el control de los inmigrantes

La novedad será acompañada por un sistema para regularizar su situación a través de la radicación. El objetivo será blanquearlos o expulsarlos del país si no lo hacen o si tienen antecedentes penales. Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno radicó a 530.000 extranjeros, expulsó a 1200 por delitos y otras causas y hay 600 procesos en marcha. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , le presentó el programa a Macri, quien ordenó extenderlo a todas las fuerzas de seguridad. El director nacional de Migraciones, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado. “Peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos como condición para que accedan a los servicios y derechos que otorga el país”, explicó Totó García. En caso de que no accedan a regularizarse dentro de los 30 días de ser detectados como ilegales, o en caso de registrar antecedentes penales en su país o en la Argentina, comenzará el proceso de expulsión, que se redujo de cuatro años a cuatro meses, tras el decreto 70/2017. Según las cifras de Migraciones, en lo que va de 2018 los venezolanos lideraron las radicaciones, incluso por encima de los bolivianos y paraguayos, que encabezan el índice del flujo migratorio históricamente. Desde enero se radicaron 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otros países (14,71%). Total: 100.604 radicaciones. El primer paso del plan de control de inmigrantes ilegales consistirá en lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares de agentes de salud, seguridad, policías, gendarmes y policías provinciales, entre otros. El dispositivo permitirá conocer la situación migratoria de cualquier extranjero: si tiene residencia permanente, temporaria, visa de turista o si no está regular. También detectará si no tiene registro de ingreso en la frontera por algún paso fronterizo. En una demostración que hizo García en los últimos días, puso el nombre del asesor presidencial ecuatoriano Jaime Duran Barba y la aplicación arrojó como resultado: “residencia temporaria”. Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular. En la aplicación se ingresará el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento del extranjero, y se accederá a su situación migratoria, últimos tres ingresos y salidas del país, y los antecedentes. “Si usan un hospital público o servicios, deben tributar al Estado”, señaló García. Para radicarse, Migraciones lanzará en septiembre otro sistema de regularización a distancia, por internet, que reemplazará el trámite de largas colas y burocracia estatal. En el sitio web de Migraciones, el interesado iniciará el trámite en el link de Radex (Radicación a Distancia de Extranjeros). Deberá ingresar datos biográficos, fotos de sus certificados de residencia y antecedentes penales del país de origen y pagar la tasa: $3000 para ciudadanos del Mercosur y $6000 para los extra- Mercosur. El proceso terminará en la sede de Migraciones correspondiente a su domicilio para las huellas dactilares y la foto, tras lo cual se le enviará el DNI a su casa. El trámite completo debería tardar, si es normal, una semana. “En los últimos 15 años ingresaron muchos extranjeros que recibieron asistencia del Estado, en salud o educación, sin pagar impuestos. Todos deben ser regulares, con derechos y con obligaciones”, dijo una fuente oficial. “No puede ser que no se tribute. Hoy no se siente como una necesidad la regularización. Los derechos y los beneficios del Estado deben tener el mismo estatus para argentinos y para extranjeros”, agregó el funcionario. En la regularización, Migraciones preguntará la actividad profesional de origen para vincularla con la demanda de trabajo en la Argentina. En Río Negro, el organismo descubrió una demanda de 43 médicos. “Entonces, van a ir médicos venezolanos. Pero también los argentinos se enteraron y también irán”, dijo un funcionario oficial. En los próximos días, el Centro Argentino de Ingenieros hará un relevamiento para 6700 ingenieros venezolanos recién ingresados, que podrán insertarse en el mercado local. El 93% de ellos no tiene problemas en ir al interior. El 80% de los 530.000 inmigrantes radicados desde 2015 viven en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano. Venezolanos, a la cabeza del flujo migratorio En 2018: Ingresaron al país 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otras naciones (14,71%) Tasa migratoria Pagarán $3000 los ciudadanos del Mercosur y 6000 los “extra-Mercosur”. Los venezolanos son considerados del Mercosur, pese a la sanción al país.